El juez del Supremo procesa al fiscal general por revelación de secretos contra el novio de Díaz Ayuso

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha decidido procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de la primera vez que un máximo responsable del Ministerio Público será juzgado en un procedimiento penal que puede acarrear hasta 4 años cárcel.

Esta resolución llega ocho meses después de que el Supremo tomara el control de la investigación en octubre pasado. Inicialmente, cuando el caso estaba bajo la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el foco se centró en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, que detalló el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, quien llevaba la investigación fiscal.

Al trasladarse el caso al Supremo, el tribunal inició procedimientos contra el fiscal general por presunta revelación de secretos, aunque inicialmente descartó que dicho comunicado de prensa constituyera un delito.

Sin embargo, la investigación se ha ido expandiendo progresivamente durante los meses posteriores. Ahora abarca nuevamente el mencionado comunicado, incluye las supuestas filtraciones de las actuaciones fiscales contra González Amador por presunto fraude fiscal, y contempla también el correo electrónico que su defensa remitió el 2 de febrero de 2024, en el cual se ofrecía a reconocer los delitos fiscales mediante un acuerdo.

De esta forma, el magistrado dicta este lunes auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La decisión se fundamenta en la confirmación de indicios suficientes de presunto delito de revelación de secretos contra ambos funcionarios tras la instrucción desarrollada durante los últimos meses.

El auto señala que, a nivel indiciario, existe base suficiente para presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico datado el 2 de febrero de 2024. Este mensaje había sido remitido por el abogado de González Amador al fiscal encargado del caso que se seguía contra dicha persona. El correo llegó posteriormente al fiscal general a través de la fiscal jefe provincial de Madrid.

El magistrado instructor destaca la naturaleza sensible de la información contenida en dicha comunicación, que incluía aspectos y datos personales de un ciudadano en el marco de una conversación privada entre letrado y fiscal, sujeta por tanto a criterios estrictos de reserva y confidencialidad.

Según la reconstrucción judicial de los hechos, el 13 de marzo de 2024, a las 21:29 horas, el diario El Mundo publicó una información titulada «La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». Esta publicación desencadenó una serie de reacciones por parte de la cúpula fiscal.

El auto establece que, a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando la información publicada, el fiscal general del Estado inició «una dinámica de frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp», con la finalidad de «ganar el relato» y dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal naturaleza.

Las comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida con la fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, minutos después de las 21:29 horas. Tras esta llamada, la fiscal realizó contactos telefónicos con el fiscal encargado del caso, Julián Salto Torres, solicitándole por encargo del fiscal general que remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados con el letrado de González Amador.

El correo clave

Entre los correos remitidos figuraba el mensaje del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador al fiscal del caso, con el asunto «Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública». Según indica el auto, dicho correo concluía manifestando: «les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT».

El auto del instructor señala que “la finalidad de solicitar la remisión de dichos correos a Julián Salto, cuyo contenido conoció Pilar Rodríguez, era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico de Álvaro García Ortiz, pero no al oficial, sino al particular, según él mismo le había indicado, como así hizo Pilar, efectivamente, para, a continuación, aquél, de acuerdo con la colaboración que ésta le prestó, acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena SER, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el confidencial  contenido de ese correo de 2 de febrero de 2024, lo que así ocurrió mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico Hora 25 de dicha emisora, que no fue sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio”.

La nota de prensa oficial

A continuación de la publicación mediática y «en unidad de acto con ella», según prosigue el auto, el fiscal general García Ortiz procedió a confeccionar un comunicado oficial utilizando la documentación proporcionada por la fiscal provincial de Madrid. Este comunicado, que incorporaba información del correo del 2 de febrero, fue remitido en borrador a Pilar Rodríguez, quien le dio el visto bueno sin oposición alguna a su publicación. La nota apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024.

La resolución revela un aspecto particularmente significativo: paralelamente a la filtración mediática, desde la Fiscalía General del Estado se envió copia del correo del 2 de febrero a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado y directora del Gabinete del Presidente del Gobierno. Esta funcionaria hizo uso del documento, dando instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, dirigida contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado enfatiza que el correo del 2 de febrero contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano», aportados en el contexto de un futuro proceso penal y en el curso de conversaciones privadas entre letrado y fiscal. Estas comunicaciones están sujetas a criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, conforme al protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

Reacción de la Fiscalía General

La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado oficial este lunes, tras conocerse el procesamiento de Álvaro García Ortiz, en el que «se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma». Asimismo, también «reitera su inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación, en este auto».